Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Tribunal Constitucional y ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, visitó el pasado martes por la mañana el Palacio de La Moncloa para reunirse con miembros del Ejecutivo, según explican a OKDIARIO fuentes cercanas al propio Pumpido. Tras este encuentro el magistrado ha diseñado un plan con el fin de abortar el Pleno extraordinario que debe resolver el recurso del PP que intenta detener el asalto al Poder Judicial antes de que el PSOE y sus socios aprueben la reforma legal este jueves en el Congreso. El plan de Conde-Pumpido pasa por impedir que el Pleno del Constitucional alcance el quórum necesario para poder resolver el recurso de amparo del PP.

Para la celebración del Pleno extraordinario convocado con carácter de urgencia se necesita llegar a un quórum, esto son al menos ocho miembros. Los magistrados conservadores asistirán todos, pero estos suman sólo seis miembros por lo que necesitan dos del bloque socialista para que la reunión se pueda desarrollar. Por el momento las cuentas que manejan en el Constitucional son las siguientes: asistirán el presidente Pedro González-Trevijano y los magistrados Santiago Martínez-Vares, Antonio Narváez, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concha Espejel.

Estos necesitan necesariamente a dos miembros más para poder celebrar el Pleno. El vicepresidente Juan Antonio Xiol, propuesto por los socialistas, le ha comunicado al presidente González-Trevijano que acudirá al mismo porque tiene una «responsabilidad institucional». Por su parte, María Luisa Balaguer, del sector de izquierdas, también está dispuesta a asistir porque tiene un interés propio: ganar la batalla de la presidencia a Conde-Pumpido. Si Sánchez asalta el Constitucional consumará su plan de convertir al que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero en sucesor de González-Trevijano.

Fuentes internas del órgano temen que el vicepresidente Xiol o la magistrada Balaguer reciban «un toque de atención» desde La Moncloa para que no acudan o, en su caso, no voten. Si uno de estos dos cede a los chantajes de Sánchez, el Pleno no podrá celebrarse este jueves y el presidente del Gobierno y sus socios sacarán adelante una reforma exprés que permitirá el asalto al Poder Judicial.

El bloque socialista del Constitucional más afín a Sánchez –Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán– no votará, si finalmente se celebra este jueves por la mañana el Pleno que ya ha sido fijado, alegando que «no han tenido tiempo» para analizar el recurso presentado por los populares. Pero, es más, fuentes del Tribunal Constitucional aseguran que Conde-Pumpido ha comunicado que «se encuentra enfermo» y que previsiblemente ni siquiera pueda acudir.

El resto de los magistrados se han mostrado indignados ante el comportamiento de Pumpido. «Ayer estaba en perfectas condiciones para realizar una visita a La Moncloa y hoy ya sabe hasta que mañana estará enfermo», explican fuentes internas. «El plan que allí debió trazarse ha manchado su toga con el polvo del camino», sentencian en alusión a las controvertidas palabras de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado de Zapatero en unas declaraciones en torno al alto el fuego de ETA.

Recurso del PP

El Tribunal Constitucional ha convocado un Pleno para este jueves por la mañana, que si no tiene el quórum necesario no podrá celebrarse, para resolver el recurso presentado por el PP para tratar de frenar el asalto del Gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial con su reforma para modificar la mayoría de tres quintos necesaria en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así nombrar a sus candidatos al Constitucional. Esta reforma está incluida en una enmienda a la proposición de ley que contempla la derogación del delito de sedición y elimina la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional y establece un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos.

El partido de Alberto Núñez Feijóo considera que esta maniobra del Ejecutivo es un «uso fraudulento de los trámites parlamentarios» por la falta de conexión de homogeneidad con el texto de la proposición de ley y porque dichas enmiendas son «inconstitucionales de forma manifiesta».

Los populares señalan que las enmiendas «suponen un atentado a la separación de poderes, una quiebra grave del Estado de Derecho y son indiscutiblemente incompatibles con la Constitución». En su recurso, piden también que se anulen los acuerdos alcanzados en la Mesa del Congreso y solicitan una «medida cautelar inaudita» que suponga la adopción de «las medidas necesarias para suspender la admisión a trámite de las enmiendas referidas, independientemente del momento en que se encuentre la iniciativa legislativa».